Un proyecto de ley que pone en riesgo la libertad de expresión en Internet

El pasado martes 23 de agosto se trató en la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el proyecto de ley D-2298 (descarga directa del documento en formato .DOC), que busca modificar la ley de procedimiento contravencional, en lo relativo a las medidas precautorias que pueden dictarse. Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) consideramos que la iniciativa contiene disposiciones que resultan incompatibles con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos, poniendo en riesgo la libertad de expresión en Internet.

  1. Afectación del requisito de orden judicial para restringir el acceso a contenido online: el proyecto pretende otorgar a las autoridades preventoras y a los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires la facultad de ordenar a los proveedores de Internet que bloqueen o denieguen el acceso a dominios y aplicaciones, en forma total o parcial. De esta manera, no sería necesaria la obtención de una resolución judicial para restringir a los usuarios el acceso a tales contenidos. En este caso en particular, la situación se vuelve más inquietante, ya que el agregado propuesto se inserta dentro de un artículo que habla de medidas precautorias, las cuales pueden ser tomadas –además de los fiscales- por “autoridades preventoras”. Si tenemos en cuenta que según el art. 16 de la Ley de Procedimiento Contravencional, “la prevención de las contravenciones está a cargo de la autoridad que ejerce funciones de policía de seguridad”, entendemos que la inclusión del nuevo inciso podría llevarnos a concluir que las autoridades policiales también podrían tener la facultad de solicitar este tipo de medidas. Esta excesiva atribución de poderes a autoridades que no poseen facultades jurisdiccionales va en contra de lo consagrado por los estándares internacionales de derechos humanos. En efecto, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet sostiene que los intermediarios sólo pueden ser responsabilizados cuando haya una “orden judicial” que exija la eliminación del contenido (Punto 2 a). Esta disposición ha sido respaldada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo que la exigencia de remover contenido sólo puede proceder “cuando sea ordenada por una autoridad judicial o de naturaleza similar, que opere con suficientes garantías de independencia, autonomía e imparcialidad” (Informe Libertad de Expresión e Internet, párr. 106)

  2. Las órdenes de bloqueo constituyen una medida extremadamente delicada: la ley 26.032 ha establecido que la “búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”. Este principio también ha sido adoptado por la ya mencionada Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, que ha establecido que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación” (Punto 1 a). Acorde a esta pauta, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “toda medida que pueda interferir con el uso y el acceso a Internet debe ser interpretada a la luz de la primacía del derecho a la libertad de expresión” (Informe Libertad de Expresión e Internet, párr. 14). En virtud de lo mencionado, las medidas de bloqueo y restricción de acceso son vistas con preocupación, ya que van en contra del carácter de Internet como un espacio para el libre intercambio de información e ideas. Es por ello que la Declaración Conjunta ha dicho que el bloqueo de servicios de Internet constituye una “medida extrema -análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión- que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales…” (punto 3 a). En consecuencia, una medida como la propuesta por el proyecto de ley es de interpretación restrictiva y sólo puede ser considerada legítima en casos muy excepcionales, ya que tiene como consecuencia la privación de un medio fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. Por el contrario, la iniciativa legislativa establece el bloqueo como una medida precautoria a adoptar, sin especificar condiciones o limitaciones a su eventual aplicación.

  3. Violación del principio de legalidad: el proyecto establece que el bloqueo o la suspensión del servicio de Internet procederá en caso de que exista una “conducta ilícita”, sin determinar qué conducta se considerará ilícita ni establecer criterios para su identificación. De esta manera, la redacción está concebida en términos tan amplios que va en contra de la exigencia del sistema interamericano de derechos humanos, que ha establecido que la primera condición de legitimidad de toda restricción a la libertad de expresión es que la misma se exprese a través de leyes que sean claras y precisas (Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión , párr. 70 y ss.)

  4. Afectación de la jurisdicción federal: al establecer los alcances de la cláusula de comercio de la Constitución Nacional (art. 75 inc. 13), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que los servicios de comunicación se encuentran “sometidos a la jurisdicción nacional” y por lo tanto “su regulación compete al Congreso Nacional” (Fallo “Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ APA”, 2003). Este principio debe ser aplicado con más razón a Internet, debido al carácter descentralizado que adopta la circulación de datos en dicho ámbito. Esta característica determina que la interjurisdiccionalidad sea una propiedad inherente al funcionamiento de Internet, con lo cual toda regulación debería ser potestad del Congreso Nacional, y no de legislaturas locales, como presupone el proyecto de ley presentado.

  5. Posible invasión a otras jurisdicciones: debido al ya mencionado carácter descentralizado de Internet, resulta difícil que una medida de bloqueo o suspensión de un sitio web o aplicación pueda ser limitada a un ámbito geográfico determinado. De esta manera, la medida prevista en el proyecto de ley podría ocasionar que usuarios que viven un área geográfica distinta de la Ciudad de Buenos Aires se vean impedidos de acceder a contenidos online, en virtud de una decisión tomada por una autoridad administrativa que no tiene jurisdicción sobre ellos, afectándose la autonomía provincial, y el debido proceso, entre otros principios básicos de nuestra organización constitucional.

En la actualidad, el potencial de Internet como medio para la expresión de ideas y el acceso a la información goza de indiscutible consenso. De esta manera, resulta necesario que todo intento de regulación sea respetuoso de las garantías constitucionales y los estándares de derechos humanos vigentes. En este sentido, el proyecto de ley D-2298 resulta altamente defectuoso, ya que establece disposiciones que pueden afectar gravemente los derechos fundamentales de las personas en el ámbito online y en consecuencia, amenaza el carácter de Internet como un espacio abierto, libre y sin censura.

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