Declaración conjunta al Congreso de Brasil para abandonar ley de cibercrimen

El pasado 1º de abril, en el marco del RightsCon, desde la ADC sumamos nuestro apoyo a la declaración conjunta impulsada por Access Now, bajo la cual expresamos nuestra preocupación por los recientes intentos de los legisladores brasileños para socavar los derechos garantizados por el Marco Civil da Internet, así como nuestra objeción a los graves e inaceptables retrocesos propuestos por la Comisión de investigación parlamentaria sobre Cibercrimen. Además de afectar a los derechos de los ciudadanos, las normas propuestas afectarán directamente a la libertad económica de las empresas que operan en los sectores de Internet y de las telecomunicaciones.

Brasil ha sido una referencia mundial en cuanto a la protección de los derechos y las libertades de Internet con la sanción del Marco Civil da Internet. Los usuarios de Internet, académicos, tecnólogos, empresas y representantes del gobierno contribuyeron a su desarrollo en un largo proceso de consulta. Su forma final contiene fuertes protecciones para la libertad de expresión online, neutralidad de la red, la privacidad del usuario, y el acceso a la información. Firmado como ley en abril de 2014, fue una victoria histórica para la colaboración positiva online. Este proceso está siendo socavado.
El 31 de marzo, el Congreso de Brasil dio a conocer el informe final de la Comisión de investigación parlamentaria sobre Cibercrimen (CPI dos Crimes Cibernéticos). El informe propone la adopción de 8 nuevas leyes, y en el caso de que el informe sea aprobado, estos proyectos de ley serán debatidas por el Congreso brasileño.

Estos proyectos de ley contienen varias políticas alarmantes, como:

  • Permite a las fuerzas de seguridad (LEAs) acceder a direcciones IP sin una orden judicial.
  • Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) estarán obligados a eliminar el contenido considerado “perjudicial para el honor personal”, ante notificación en el plazo de 48 horas, bajo sanción de responsabilidad penal y civil. Esta propuesta es ambigua, y puede permitir a los individuos, posibles víctimas, y a sus representantes legales, solicitar la eliminación de contenido directamente a las plataformas. Esto genera la privatización de la aplicación de la ley, la falta de un debido proceso, y “chilling effects” en la libertad de expresión.
  • Contrariando todas las directrices internacionales de derechos humanos, los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) estarán obligados a controlar activamente el contenido del usuario con el fin de impedir que en el futuro sea nuevamente subido material similar al que fue removido por ser “perjudicial para el honor personal”, así como todo lo que esté potencialmente vinculado al mismo.
  • Amplía la definición de lo que constituye el delito de invasión de dispositivos electrónicos a aquellos casos en los que no hay ningún daño probado e independientemente de la intención. Posiblemente penaliza prácticas como la denuncia de irregularidades (whistleblowing) o eludir las medidas tecnológicas de protección que obstaculizan el uso personal de los contenidos protegidos por derechos de autor.
  • Crea un cheque en blanco para que los tribunales bloqueen el uso de aplicaciones y servicios en el nivel de infraestructura de Internet, lo que genera consecuencias negativas para la libertad de expresión. Además de que puede afectar negativamente a la libertad de determinadas empresas y/o modelos de negocio, el bloqueo y las medidas de filtrado no cumplen con el principio de proporcionalidad, no respetan el principio de neutralidad de la red, y pueden afectar indirectamente otras jurisdicciones, causando daños colaterales a la estabilidad de la internet.

Dicho esto, los proyectos de ley en este informe y el informe mismo penalizarían las prácticas de los usuarios habituales de Internet bajo el pretexto de prevenir el cibercrimen. Instamos al Congreso de Brasil para que continúe respaldando la Libertad de Internet. El Congreso debe retirar los proyectos de ley propuestos por la Comisión de investigación parlamentaria sobre Cibercrimen, y continuar enfocándose en el desarrollo de una Internet abierta y libre.

Access Now

Acceso Libre

ACI-Participa 

Actantes

Article 19

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) 

Associação Ganesha de Cultura Digital

Association for Progressive Communications (APC)

Barão de Itararé

Casa da Cultura Digital Porto Alegre (Brazilian Collective of Digital Culture in Porto Alegre/Brazil)

Center for Technology and Society at FGV Law School (CTS­FGV)

Change.org

Ciranda Internacional da Comunicação Compartilhada

Clube de Engenharia

Coding Rights

COLAB – Co:Laboratory of Development and Participation

Coletivo Digital

Coletivo Puraqué

Derechos Digitales

Electronic Frontier Foundation (EFF)

Enjambre Digital

Fantusam Foundation 

Fundación Acceso

Fundacion Karisma 

Grupo de Estudos de Direito da Internet (GEDI), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação/GPoPAI da Universidade de São Paulo/USP

Hiperderecho 

ICT Watch 

Institute for Research on Internet and Society (IRIS)

Institute for Technology and Society (ITS), Rio de Janeiro

Instituto Bem Estar Brasil

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec

Instituto Beta: Internet e Democracia

Instituto Igarapé

Intervozes ­Collective Brazil of Communication

InternetLab Law and Technology Research Center

Internet Sans Frontières

LuluzinhaCamp

Movimento Mega 

OpenMedia International

Projeto Saúde & Alegria

PROTESTE – Consumers Association

Public Knowledge

SIG Observatório da Juventude/ SIG Youth Observatory

SonTusDatos – Mexico

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital 

TEDIC 

ULEPICC-Br (União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura – Capítulo Brasil)

Usuarios Digitales

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