Conectar igualdad: entre la inclusión pedagógica y la inclusión ciudadana

El programa Conectar Igualdad ha despertado muchas críticas y elogios desde  su lanzamiento en distintos sectores de la sociedad. Este artículo, se propone realizar un breve análisis sobre algunos aspectos del programa teniendo en cuenta, además de la vinculación con los objetivos pedagógicos, la vinculación con la participación de la sociedad civil en la cosa pública.

El Programa creado en 2010 se propone como  objetivo “Promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles un instrumento que permita achicar la brecha digital”. Lo cual se ha traducido en un plan masivo de incorporación de alumnos de escuelas públicas de todo el país en tecnología. En esta misma línea, pero con algunas diferencias el Plan S@rmiento replicaba la iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires. El origen de este programa proviene de la iniciativa  global  del año 2006 de One Laptop per child (OLPC),  la cual se proponía como objetivo distribuir una computadora portátil de bajo costo (USD 100) especialmente diseñada para la educación en las aulas y la alfabetización digital. El dispositivo estaba pensado para fines educativos, por lo cual tanto el hardware como el software estaban adaptados solamente para esos fines. El aparato contaba con una batería que le permitía una autonomía de dos días y el diseño estaba enfocado exclusivamente para el uso de niños. Por otro lado, el sistema operativo era de licencia libre -GNU Linux-  disponía de funcionalidades básicas y con acceso a la web utilizando una versión adaptada de Firefox.

Sin embargo, el proyecto se vio perjudicado por la incorporación de software privativo y la replicación del modelo de computadora a bajo costo por empresas como Intel (Classmate PC) y  ASUS (Eee PC), lo que por supuesto generó muchas críticas y reservas en la comunidad técnica y en los estados, sobretodo por parecer un programa que produjo más beneficios a sus creadores y desarrolladores que a los propios destinatarios de la iniciativa.

A pesar de todo esto, el proyecto fue exitoso en instalar el debate en distintos países acerca de la necesidad de incluir a  sectores pobres en la educación digital.

conectar igualdad

Proyecto One Laptop Per Child. Fotografía por Rory Cellan.

El gobierno argentino en 2010 adoptó la idea de OLPC con algunas diferencias y en distintas etapas bajo el nombre de Conectar Igualdad. Para empezar, si bien los dispositivos contaban con un diseño cercano al de los objetivos de OLPC, los equipos eran fabricados por  empresas extranjeras, aunque ensamblados en el país. Respecto al software, es aquí donde se han generado una serie de opiniones encontradas ya que las computadoras disponían de doble booteo. Teniendo como opciones sistemas operativos de Microsoft Windows y GNU Linux. El primero, además de ser software privativo, implicaba un gasto en licencias del cual no se puede saber con exactitud, pero que se estima millonario de acuerdo a las (más de) 5 millones computadoras distribuidas. La falta de exactitud de esta cifra se debe al acuerdo confidencial entre el entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en 2004 y la empresa Microsoft (Puntos 4 y 6 del Convenio MECyT Nº 122/04 (folios 23-29), el cual impedía al gobierno brindar datos centrales del acuerdo, entre ellos, el costo.

Las consecuencias adversas de esta alianza habilitaban entre otras cosas, que una corporación extranjera se involucre en la implementación de política pública a nivel nacional, generando como consecuencia una  visión empresarial e interés comercial en un programa que tiene como destinatarios ciudadanos y no consumidores o clientes. Por otro lado, las críticas desde la comunidad de software libre se hicieron oir, representadas especialmente por el activista y desarrollador Richard Stallman, quien calificó al programa como “Conectar maldad” y al plan Sarmiento como “esclavizarmiento”. Las principales críticas evidenciaban los costos sociales regresivos de hacer inclusión en software privativo, pues esto representaría incluir de manera desigual a personas pobres que ya viven en una sociedad desigual.

El peligro se centra en caer en la trampa del achicamiento de la brecha digital por la mera distribución de computadoras fabricadas por empresas extranjeras con software también provisto por empresas extranjeras. La clave está en pensar en la puesta a disposición de “clientes” a los que Microsoft no tenía acceso- o lo hacía parcialmente- y a la que ahora puede ofrecerles y venderles productos que deberán renovar cuando la empresa lo disponga. Además, se adquiere otra limitación y se trata de que el Estado decide invertir en licencias de software que no permiten acceder/modificar al código fuente con el que fue construido dicho software y por lo tanto, no poder adaptarlo a las necesidades específicas -y cambiantes- de los usuarios, lo que implica  tener que gastar en nuevas licencias y mantenimiento cada vez que los programas queden obsoletos y sin poder evaluar riesgos en lo que implica la protección de los datos de los usuarios, que a la vez son ciudadanos que intercambian información con otros usuarios ciudadanos.

No obstante, al parecer los lazos de la empresa Microsoft con la educación argentina seguirán vigentes de acuerdo a la reunión del Presidente Macri con el CEO de la empresa, en la cual la corporación ofreció “software gratis” para estudiantes.

Conectar igualdad

Escritorio de la distribución de Linux Huayra

Sin embargo, como fue enunciado previamente las computadoras al contar con doble booteo también disponían de un sistema operativo elaborado a partir de software libre, basado en GNU Linux llamado Huayra y en el cual el Estado argentino revertía muchos de los puntos negativos en relación a la elección por Microsoft. Para empezar, se incentivaba el desarrollo local con profesionales argentinos que estaban creando soluciones para necesidades nacionales, con la ventaja de poder seguir adaptando esas soluciones a las nuevas demandas de los ciudadanos usuarios y no de consumidores. Lo cual implicaba la oportunidad de desarrollar herramientas hechas a medida de las necesidades nacionales y un ahorro de gastos millonarios en licencia por productos empaquetados y desarrollados para otros fines. La principal consecuencia de esta decisión fue empezar a recorrer un camino de soberanía digital que sin lugar a dudas es soberanía sin más.

Es significativo señalar cómo el lanzamiento del programa ha suscitado numerosos cuestionamientos, principalmente desde la prensa, en función de los objetivos, alcances y destinatarios de la política. Esto en general ha promovido a una visión que gravitaba entre la estigmatización y subestimación del uso de las computadoras por los sectores perceptores del programa. Sin embargo, es necesario tener presente la trascendencia de una política pública que remontándose al antecedente histórico de un Estado alfabetizador de finales de siglo XIX aprecia la necesidad de alfabetizar en lo digital. Más aún si pensamos  los nuevos modos de vinculación política  cada vez más inscriptos en participaciones mediatizadas por la tecnología. Esto supone que garantizar el acceso a una computadora -ya no de un estudiante, sino de una familia- significa brindar herramientas para la inclusión a distintas redes de creación colaborativa del conocimiento y fundamentalmente de redes de participación ciudadana.

Esto último se acentúa si tenemos en cuenta el creciente desarrollo de los e-goverment y gobiernos abiertos, en los cuales el rol de los ciudadanos  es indispensable como veedores de datos y generadores de conocimiento  ¿de qué sirve tener un gobierno abierto si no hay ciudadanos que puedan acceder a ese espacio? y en este sentido ¿qué fortalecimiento de participación ciudadana puede haber si solo una parte de la sociedad civil puede acceder a las nuevas instancias públicas de participación política?

La semana pasada trabajadores de Conectar Igualdad denunciaron despidos masivos, desmantelamiento y descentralización de la política hacia las provincias lo cual ha reanimado las controversias acerca del programa y dudas acerca de la continuidad del  mismo. Si bien el Gobierno ha declarado la continuidad del Programa, persisten las dudas acerca de si seguirá con los mismos objetivos, alcance y presupuesto. Aún incluso si persistieran estas condiciones, una potencial descentralización de la política en los niveles subnacionales podría perjudicar la efectividad del programa, debido a que la aplicación de la misma se encontraría ceñida a la voluntad política y discrecionalidad de las estructuras locales. En tal caso, restará confirmar si esta posibilidad será una realidad y las razones de administración pública que justifiquen beneficios a los ciudadanos por dicha decisión. Un rediseño del programa que incluya la descentralización del mismo debería someterse a un severo escrutinio de objetivos.

Asimismo, sería esclarecedor habilitar mecanismos que den cuenta de los resultados pedagógicos del Programa para revisar posibles adaptaciones en vista de la cantidad de años sucedidos desde el lanzamiento, ya que por ejemplo, según estadísticas oficiales  entre 2011 y 2015 se registra un incremento en el acceso a internet a través del uso de smartphones en las áreas urbanas. Esta situación podría habilitar la posibilidad de adaptar algunos lineamientos del Programa que permitan aprovechar esta situación en favor de los objetivos pedagógicos del aula y por qué no de objetivos cívicos, que permitan a los ciudadanos aprovechar la información que los gobiernos ponen a disposición de la sociedad civil.

En sintonía con lo anterior, revisar los servicios de provisión de internet teniendo en cuenta la calidad y el alcance de la conectividad entendiendo esto como un derecho al que los ciudadanos deberían acceder por igual y no como clientes, otorgaría de mayor coherencia una política que busca reducir la brecha digital. Por otro lado, no podemos perder de vista que la soluciones a estas problemáticas que nos interpelan como ciudadanos deben ser provistas desde el Estado y sin llevarse por delante la soberanía digital, ya que como fue enunciado anteriormente, corporaciones internacionales solo pueden ofrecer soluciones empaquetadas y desterritorializadas, en muchos casos, con un gran -e inexacto- costo en dinero  y en otros, con un gran costo en soberanía.