Comunicado sobre el protocolo de actuación en manifestaciones públicas

El 17 de febrero pasado, el Ministerio de Seguridad hizo público el anunciado Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas.

Este documento pone en evidencia una serie de tensiones que vienen gestándose en el seno de nuestra sociedad desde hace ya un tiempo, principalmente aquella tensión que se genera entre el derecho de manifestarse y protestar libremente con el derecho a circular libremente, ambos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Esta tensión se ha visto agravada por la delicada sensibilidad con que la ciudadanía la vive y la percibe, y que ha enfrentado a aquellos ciudadanos que han salido a la vía pública a reclamar y/o protestar, en muchos casos “cortando calle” como la única forma de atraer la atención del Estado, con aquellos otros ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos, a sus casas, a un hospital.

Esta tensión de larga data, que todos hemos vivido en más o en menos, conoce toda suerte de manifestaciones, reclamos y protestas, que en la mayoría de los casos clamaban -y aún lo hacen-  por soluciones por parte Estado (sea del Poder Ejecutivo, del Legislativo e incluso del Judicial, sea a nivel nacional, provincial o municipal) a las variadas situaciones.

El Protocolo, lejos de ser una solución debidamente ponderada y consensuada para aquella tensión, parece ser más bien una reacción apresurada y unilateral, que pierde de vista situaciones de base cuya adecuada atención colaborarían en su atenuación. Aquí algunos ejemplos:

I. El Protocolo parece priorizar en todos los casos la libertad de circulación por sobre cualquier supuesto de manifestación pacífica.

Con el agravante de que éste será aplicable para el caso de que las autoridades del operativo no logren disuadir a los manifestantes, en cuyo caso se los considerará incursos en el tipo delictual previsto en el artículo 194 del Código Penal.

El artículo 194 dice que “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Como puede advertirse a simple vista, el art. 194 tiene una formulación absolutamente vaga, que hace reprimible todo tipo de manifestación. Para poner algunos ejemplos, hubiera entrado bajo este tipo penal la manifestación pública por los femicidios que bajo la consigna “Ni una menos” tuvo lugar en junio del año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras tantas ciudades del interior. O también hubieran entrado en este tipo penal las varias marchas que reclamaron el esclarecimiento por la muerte del Fiscal Alberto Nisman.

Dicho de otra forma, la norma principal en la que se sustenta la operatividad del protocolo es de tal amplitud que permite la persecución penal selectiva en función del punto de vista de los manifestantes. En este sentido, es necesario que el Congreso legisle de manera adecuada sobre el derecho a manifestar, a fin de que se precisen y consagren todas las garantías que el Protocolo, en ausencia de ley y en tanto guía para las fuerzas de seguridad, está omitiendo.

II. El Protocolo pretende garantizar en todos los supuestos la libertad de circulación, generando así riesgos ciertos de criminalización de la protesta y del derecho de reunión, con grave afectación del derecho a la libre expresión, disenso y opinión.

Si bien el Estado tiene la facultad constitucional de regular las circunstancias de tiempo, lugar y modo del uso del espacio público con fines expresivos, el derecho a la protesta y disenso político como formas de ejercicio de la libertad de expresión no deberían ser puestas en riesgo por el nuevo Protocolo.

La Libertad de Expresión es un derecho especialmente protegido por la Constitución, así como también el derecho a la expresión política disidente y ambos garantizan la existencia de una sociedad democrática. La dinámica de protesta que incluye el corte de rutas y calles como mecanismo razonable y excepcional de Libertad de Expresión, ha tenido expresa acogida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así recordamos los parámetros que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido para la limitación de la protesta, a cuyo efecto remitimos a su Informe sobre Manifestaciones Públicas como Ejercicio de la Libertad de Expresión y la Libertad de Reunión. En este informe la RELE indicó que: “el derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión. En muchas ocasiones, las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva”. Muchas veces el corte puede ser el único mecanismo para hacer cesar una política discriminatoria estatal patentemente violatoria de derechos constitucionales.

A todo evento, agregamos que el derecho a la protesta se encuentra garantizado por nuestra Constitución como forma de libertad de expresión en el art. 14 y 32 , en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 18, 19 y 20, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los art. 13, 15 y 16.

III. Entendemos que una adecuada regulación del derecho a manifestar mediante ley permitiría precisar y consagrar el pleno ejercicio de tal derecho. De tal suerte, un debate parlamentario, plural y serio permitiría avanzar en cuestiones que el Protocolo parece resolver superficialmente.

Por ejemplo:

  • ¿Cuáles son los medios legalmente válidos para que las Fuerzas de Seguridad tomen conocimiento de la realización de una manifestación pública? Esta pregunta no es menor si tenemos en cuenta desafortunadas prácticas de nuestras Fuerzas de Seguridad, como por ejemplo el caso del agente de la Policía Federal Américo Balbuena, infiltrado como periodista en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh por más de 10 años.
  • Si bien el Protocolo advierte que de usarse la fuerza, ésta debe limitarse al mínimo posible, como último recurso y de manera gradual, no se garantiza la no utilización de armas de fuego, tampoco se describen los criterios de gradualidad y de lo que se entiende como mínimo uso de la fuerza.
  • No se impone la obligación del uso de uniforme o de identificación de las Fuerzas de Seguridad.

IV. En relación a los medios de comunicación destacamos la ausencia de criterios claros para la ubicación de los mismos y que garanticen la igualdad de trato y el pleno ejercicio de la tarea informativa.

En este sentido, no debemos soslayar el rol fundamental de los medios periodísticos como garantía -o bien registro de evidencia- frente a posibles violaciones a los Derechos Humanos de los manifestantes.

V. Filmaciones y fotografías de los operativos

Finalmente, destacamos que la filmación (video y audio) y la fotografía de los operativos, puede ser útil en tanto elemento a suministrar posteriormente ante requerimiento de la Justicia, como también para permitir evaluar el desempeño del personal interviniendo. Sin embargo, la falta de precisiones en relación al tipo de tecnología que se utilizará para el registro de imágenes y filmaciones, el tipo de registro que se puede tomar de los manifestantes (¿planos faciales?, ¿planos generales?), la determinación del momento en que debe captarse dicho registro, dónde se almacenarán, qué tratamiento se les dará a esas imágenes y filmaciones (¿se hará cruzamiento con otras bases de registros biométricos?), cuándo deberán ser eliminados dichos registros, entre otras, deviene de suma importancia, no sólo para una adecuada preservación de los datos personales de los ciudadanos, sino también con la finalidad de otorgar reglas claras a los manifestantes y evitar así el desarrollo de prácticas estatales opacas inhibitorias del derecho de manifestación y protesta.

 

Fotografía por Beatrice Murch.

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